El arraigado

Las opiniones son variadas en torno a la figura del arraigo en México. No obstante, una cuestión es segura: el principio pro persona impone favorecer una protección más amplia de los derechos humanos, y ello se sostiene desde el artículo 1° constitucional hasta el número 133 de la misma Ley Suprema. Por tanto, ¿dónde queda dicho principio ante la clara restricción atroz a más de un derecho humano integrado en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado?

De acuerdo al artículo 16 párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta completamente legal la privación de la libertad de una persona por hasta ochenta días cuando sea requerido para  investigar, proteger bienes jurídicos o personas, e incluso se presente una posible sustracción de la justicia. En ese sentido, no sólo se vulneran claramente derechos humanos tan indispensables como la libertad personal y de tránsito, el debido proceso y el principio de presunción de inocencia o hasta la propia integridad física que termina peligrando con mencionada figura; sino que además se percibe como una medida que intenta disfrazar la incompetencia e ineficacia de las autoridades investigadoras en vez de fungir como una defensa a terceros (Posición del Ministro José Ramón Cossío en el Amparo Directo en Revisión 1250/2012 (Arraigo).).

Dicho lo anterior, resulta increíble que los legisladores y en sí, el Estado, ignoren el rechazo al arraigo que ha sido expresado por órganos internacionales preocupados por la defensa y protección de los derechos humanos. No sólo el Comité de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas ha instado a la eliminación de dicha figura jurídica en toda la República Mexicana, sino que la propia Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en su art. 2.1 reafirma la necesidad de que los países signatarios tomen medidas de toda clase que eviten la tortura, incluidas las legislativas o jurídicas.  En consecuencia, bajo lo dispuesto en  el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados  respecto a la buena fe que debe primar en todo compromiso internacional adquirido, resulta evidente que al haber firmado la Convención Contra la Tortura, tanto universal como interamericana, el Estado se encuentra constreñido a erradicar toda disposición que dé pie a la tortura, como sucede con el arraigo al situar en un limbo a las personas que sean detenidas. Con ello,  parece no importar si México ha adoptado el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,también conocido como Protocolo de Estambul; puesto que no se siguen material y completamente lineamientos tan básicos como la no imposición de limitaciones que incomuniquen a los detenidos o bien, la eliminación de aquellas medidas -como el arraigo- que contribuyen a la existencia de tratamientos denigrantes.

En la misma línea, la Corte Interamericana ha destacado la falta de idoneidad de la figura del arraigo para proteger bienes jurídicos o personas, reiterando su carácter desproporcional e innecesario que atenta contra la concepción de privación de la libertad como medida excepcional (Cháparro Álvarez y Lapo Íniguez contra Ecuador), contra la presunción de inocencia al operar el arraigo para reunir elementos suficientes que permitan la vinculación a proceso ( Palamara Iribarne contra Chile), y una total inobservancia de las reglas del debido proceso legal al no mediar una presentación inmediata del detenido ante el juez  o incapacidad del mismo para presentar pruebas; mismos elementos que juegan un papel importante ante la existencia de patrones históricos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes que se originan en centros de detención o penitenciarios en Latinoamérica (Caso  J. Vs. Perú. ), particularmente en México. Asimismo, en este ciclo de violaciones que origina el arraigo, se han analizado las afectaciones a la integridad personal derivadas de la privación de la libertad que no se encuentra justificada adecuadamente, en tanto puede derivar en una angustia moral, fruto del sufrimiento e incertidumbre que le da a una persona tal situación (Baldeón García contra Perú) , es decir, pudiendo alcanzar la esfera de castigo y clasificación de trato inhumano, cruel o degradante e incluso tortura, actos contrarios y prohibidos en el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura . De tal forma, el SIDH reprueba el arraigo y establece la vulneración de los derechos a la integridad y libertad personales, así como el debido proceso y la presunción de inocencia estatuidos en los artículos 5, 7 y 8  respectivamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con todo, esta figura persiste como una puerta abierta a posibles daños físicos y psíquicos productos de la detención y retención que a pesar de ser legales por encontrarse fundadas en una ley, no se salvan de considerarse arbitrarias al no responder a los estándares de proporcionalidad y con ello, proceder en detrimento de la dignidad humana que México juró salvaguardar a través de la ratificación del Pacto de San José.

Previamente, el Estado se había mostrado un entusiasta signatario con la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la cual  desde su primer numeral consagra el respeto a la vida, la seguridad y la libertad de toda persona, ampliando su esfera protectora hacia los artículos 25  y 26  que refieren la puesta a disposición sin demora ante autoridad competente, el control de legalidad de la detención, la presunción de inocencia y las posibilidades de ser escuchado e interponer pruebas. Incluso, sin seguir satisfecho, México pronto firmaba la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, cuyos numerales 5, 9,10 y 11 defienden los mismos derechos anteriormente mencionados.  Décadas después,  el país se comprometería nuevamente con  la defensa de la presunción de inocencia, el juicio justo, la integridad y libertad personales establecidas en los artículos 12.2, 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .

Bajo ese orden de ideas, no podría tenerse como válida una orden de arraigo en un Estado que jura y perjura su papel garante en materia de derechos humanos pero que al mismo tiempo, se empeña en mantener una figura que no sólo contradice los tratados internacionales mencionados en los acápites superiores, sino que además contraviene sus propios principios constitucionales más básicos como el derecho a la defensa.

Por otra parte, tanto el artículo 27 de la Convención Americana  como la Carta Magna en su numeral 29 posibilitan la restricción excepcional de algunos derechos en tiempos de guerra, invasión o riesgo en sí de la seguridad nacional. Toda vez, ambos reafirman y posicionan derechos inderogables tales como la integridad personal y las garantías judiciales mínimas. ¿En español? México no tiene excusa suficiente para seguir manteniendo una figura que al no ser precisa repercute maliciosamente en el debido proceso legal, la mente y el cuerpo;  por no decir la notoria libertad que sin sustento real y convincente termina coartada sin miramientos.

¿A quién buscamos engañar? Esto no es una disputa sobre la supremacía constitucional o internacional, sino sobre la aplicación de la norma más favorable, cuyo caso responde ser el previsto por el orden internacional y por ende, la obligatoria invalidez del arraigo. Irremediablemente,  dicha figura jurídica deriva en un peligro constante para la integridad física y psíquica de la persona, una limitación continua al acceso a la justicia de la persona, la incorrecta aplicación de una medida cautelar como punitiva y entonces, la indefensión entera de la persona humana.

Atentamente, el arraigado.

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